La Puya, ejemplo de una historia que inicio con la Colonia.

 

Para quien conoce la historia de nuestro País,  lo que sucede en la comunidad La Puya es tan solo un ejemplo más de los abusos e injusticias que nuestra gente ha sufrido desde que fuimos conquistados por los españoles, es justo en ese hecho donde encontramos el origen de la extrema pobreza, la discriminación, la explotación laboral, la violación de los derechos mínimos de un ser humano, la humillación, la desigualdad y el ser acallado y sumido en el silencio, pero también es el origen de la extrema riqueza de unos pocos.

No es algo nuevo que las pocas familias que concentran la riqueza de nuestro país y que poseen también el poder político prefieran favorecer a empresas que llegan a esta tierra para seguir saqueando nuestras riquezas y no  escuchar y defender los derechos de los legítimos dueños de nuestros recursos.

El proyecto minero Progreso VII que pertenece a la empresa estadounidense Kappes Cassiday y Associales con su subsidiaria Exploraciones Mineras de Guatemala S. A. y Servicios Mineros de Centro América S. A. aun cuando el Estudio de Impacto Ambiental presenta grandes interrogantes que no fueron aclaradas como por ejemplo el uso del agua y su descarga y los controles sobre el arsénico y metales pesados, fue aprobado sin previa consulta a los pueblos que se verían afectados directa o indirectamente.

Como era de esperarse las comunidades afectadas se han levantado en defensa de los recursos naturales, la salud de sus habitantes y la flora  y la fauna, pero su clamor no ha sido escuchado, en cambio se implementan estrategias represivas y otras que pretenden engañar mediante falsas expectativas de desarrollo, empleo que tan solo ocultan las intenciones de una nueva forma de despojo de terrenos comunitarios o nacionales.

Las formas de arrebatar la tierra de los campesinos van desde ofrecer llamativas cantidades de dinero hasta buscar la manipulación de la ley y la fuerza para lograr su objetivo y aun cuando los verdaderos guardianes de los recursos tratan de no usar la violencia se les criminaliza y se les presenta como el sector que no desea llegar a ningún arreglo.

Los habitantes de las comunidades involucradas no están dispuestos a ceder bajo ninguna presión y defenderán sus derechos a toda costa, pero es tiempo de que todos los guatemaltecos tomemos conciencia y apoyemos a quienes protegen nuestro patrimonio y que exijamos que se cumpla con las leyes y acuerdos internacionales que velan por el ambiente y los derechos de los verdaderos dueños de esta patria nuestra.

 

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